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Será indagado este martes en Vicente López. Lo señalan por más de una veintena de casos que podrían ascender a un millón de dólares.
Ahora se abre un período de quince días para que la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales presenten observaciones.
Uno de los jueces integrantes de la Cámara de Casación Penal que dictó este jueves un fallo histórico por los ataques terroristas de la década del ‘90, resaltó la figura del fiscal que murió tras denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner.
La Cámara de Casación consideró que el ataque a la mutual israelita fue un crimen de “lesa humanidad”. Los dos fallos fueron firmados por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma.
La Cámara de Casación consideró que el ataque a la mutual israelita fue un crimen de “lesa humanidad”.
Lo decidió el juez Julián Ercolini. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios implicados en el escándalo.
El STJ le rechazó el recurso extraordinario federal y el único camino que le queda al presidente de la comisión de fomento de Loventuel es ir en queja a la Corte Suprema para evitar que la condena quede firme y ser destituido. 
“Son de extrema gravedad” señalaron los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña en el marco del principio de justicia universal. Hablaron del “momento excepcional de emergencia”.
La citación fue fijada para el 16 de abril por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, tras una ronda de indagatorias previas a un grupo de funcionarios de menor rango.
El juez Federico Pellegrino condenó este martes a un hombre de 27 años oriundo de Mendoza, quien en octubre del año pasado acuchilló a un chico de 19 años para robarle la bicicleta y lo dejó en Terapia Intensiva, y horas después se trenzó en lucha con los policías que lo fueron a buscar por el salvaje intento de robo. Le unificaron la pena dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado con otra sentencia anterior, dictada en la provincia cuyana, para componer una pena única de cuatro años y cuatro meses de prisión efectiva.
Se conocieron detalles del relato que hizo la mujer sobre el supuesto ataque sexual que ocurrió el 3 de marzo en la habitación 407 de un hotel céntrico de San Miguel de Tucumán.

Toay conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con un emotivo acto en el Parque "Abuelas de Plaza de Mayo", reafirmando su compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos.En conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este domingo 24 de marzo, se llevó a cabo un emotivo acto en el Parque "Abuelas de Plaza de Mayo" de la ciudad de Toay, en honor a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983.

Tras una fuerte discusión en el interior de una peluquería entre dos empleados, uno de ellos sacó un arma y le disparó en la cabeza al otro. El asesino escapó por una de las ventanas y es intensamente buscado por las autoridades.
Los hechos se produjeron entre mayo de 2023 y enero de este año. La jueza Jimena Cardoso (foto) avaló un juicio abreviado y la pena es de cumplimiento efectivo.
La jueza Alejandra Ongaro le impuso un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
El exfuncionario ordenó no renovar el contrato con Nación Seguros; no lo llamaron desde el Gobierno después de que se conoció la trama detrás del contrato.
Se trata de Héctor Martínez Sosa. El empresario está casado con María Cantero, la exsecretaria de quien fuera presidente hasta el 10 de diciembre pasado.
El expresidente es investigado por la Justicia por favorecer a determinados brokers para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.
El expresidente se desligó del escándalo con la contratación de seguros en el organismo durante su gestión.
Durante un juicio abreviado, dos jóvenes -uno santarroseño y el otro bonaerense- fueron condenados ayer por el robo de cables a la radio LU100, Radio Horizonte y Radio El Diario y a la Administración Provincial de Energía, una modalidad delictiva que creció en los últimos meses.
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