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El Senado aprobó la ley de Warrants de De Angeli

El senador y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguraron que la iniciativa beneficiará especialmente a las economías regionales.
 
El Senado de la Nación aprobó este jueves la Ley de Warrants, que impulsó el senador nacional Alfredo De Angeli (Cambiemos), destinada al uso de certificados de depósitos para todas las operaciones sobre bienes o productos producidos tanto en el país como en el exterior.
 
Así se lo había adelantado a Infocampo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien aseguró que la herramienta “es importantísima, especialmente para los productores de fruta del Alto Valle de Río Negro, Neuquén y Mendoza, más allá de que se puede usar para otras producciones”.
 
Con esta media sanción, el proyecto pasó a Diputados, donde se decidirá su aprobación definitiva.
 
“Los warrants son una especie de instrumento de garantía para sacar créditos. Es como poner la producción como garantía del préstamo, y por eso son préstamos mucho más baratos que los bancarios, lo cual le da a los productores capital de trabajo, de giro, para poder aumentar su producción”, describió Pinedo.
 
Por su parte, De Angeli aseguró que, de salir, la iniciativa “beneficiará a las economías regionales de 19 provincias argentinas”.

 

¿Qué es la Ley de Warrants?

 
En una modificación de la vigente ley 9643, el senador nacional de Cambiemos por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, propuso el uso de warrants o certificados de depósitos para todas las operaciones sobre bienes o productos de cualquier naturaleza producidos tanto en el país como en el extranjero, en cuyo caso deberán someterse a disposiciones aduaneras.
 
De esta manera, se amplía el ámbito de aplicación, el plazo de vigencia de los certificados del warrant y del certificado de depósito, y define el carácter del depósito en el que las empresas pueden realizar la operatoria, de propios o de terceros. Asimismo, establecería la posibilidad de negociación del warrant como título de crédito en el mercado financiero, las inhabilidades e incompatibilidades para formar parte de la sociedad emisora, e incorporaría como requisito la presentación de un certificado de antecedentes judiciales.
 
Paralelamente, el texto define los requisitos mínimos de cobertura que deberán tener las pólizas de seguro, y autoriza la venta de los bienes depositados por parte de la sociedad emisora bajo determinadas circunstancias, al tiempo que introduce el derecho del depositario de ejecutar la mercadería dada en depósito frente a la inacción del depositante y el acreedor al vencimiento del plazo acordado en el warrant.
 
“Los emisores de certificados de depósito y/o warrants serán personas jurídicas, debiendo tener previsto en su objeto social el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o productos y cumplir, para su funcionamiento, con los requisitos exigidos por esta ley y contar con la autorización expresa de la autoridad de aplicación que será el Ministerio de Agroindustria de la Nación”, explica el proyecto que presentó De Ángeli.
 
En ese sentido, aclaró que para emitir los certificados de depósito y/o warrants y operar como depositario, las sociedades de depósito deberán acreditar que se posee el capital mínimo cuyo monto y forma de integración será determinado por la Autoridad de Aplicación.
 
En tanto, el texto del senador establece quiénes no podrán integrar una sociedad emisora de certificados de depósito y warrants, y legisla sobre las condiciones de los depósitos, bienes o productos en tránsito, los certificados, los requisitos de su endoso, la negociación de los certificados de depósito y warrants en mercados autorizados por la comisión nacional de valores y también el régimen de depósito y legisla sobre los casos de extravío, hurto, robo o inutilización de los documentos.
 
La iniciativa tiene diez capítulos y 54 artículos en los que se establecen también el régimen sancionatorio, la tasa anual y el régimen penal para los casos en los que se falsifique o adulteren los documentos y la disposiciones finales de la ley que deberá analizarse en comisión.
 
 
 

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