La Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Santa Rosa llevó a cabo un análisis este jueves sobre una iniciativa presentada por el concejal Mariano Alfageme. El proyecto busca manifestar su repudio ante las intimidaciones que, conforme a datos de difusión pública, habrían recaído sobre los directivos de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por parte de representantes diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos.

El trasfondo de las negociaciones tecnológicas

De acuerdo con los detalles expuestos en la propuesta, los contactos oficiales incluyeron advertencias concretas: aquellos directivos que continuaran adelante con tratativas comerciales junto a Huawei u otras firmas de capitales chinos afrontarían sanciones, tales como limitaciones o la anulación de sus visados de ingreso a territorio norteamericano.

Las tratativas comerciales llevadas adelante por CALF abarcaban el desarrollo de un centro regional de datos, además de la adquisición de infraestructura y tecnología destinadas a diversos proyectos operativos.

Respaldo del sector solidario y presencia local

El expediente debatido en el ámbito legislativo suma también el apoyo formal manifestado por diversas entidades cooperativas y mutualistas del territorio nacional mediante la llamada "Declaración de Neuquén por la autonomía y la independencia cooperativa". Dicho texto defiende la soberanía, la autogestión y la administración democrática propia de las organizaciones nucleadas en la Economía Social y Solidaria.

Entre las organizaciones firmantes del manifiesto destaca la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE). A raíz de esto, formaron parte del debate en la comisión su presidente, Manuel Simpson, y el vicepresidente de la institución, José Piatti.

Posición del espacio político impulsor

Desde el espacio político Patria Grande calificaron de "preocupante" que "una potencia extranjera pretenda amenazar y condicionar las decisiones de una cooperativa argentina". Asimismo, remarcaron que toda determinación vinculada al sector tecnológico, las telecomunicaciones y los proyectos de inversión estratégica debe resolverse estrictamente bajo las normativas legales nacionales y mediante mecanismos transparentes.

"Es urgente poner en valor la autonomía de las cooperativas y el derecho de nuestro país a definir sus propias decisiones económicas, tecnológicas y estratégicas, frente a cualquier intento de condicionamiento externo", enfatizaron desde el sector. ज़

Para finalizar, el texto de la normativa remarca que la protección de la autonomía de estas entidades representa además la salvaguarda de la facultad que poseen los pueblos y sus instituciones para determinar democráticamente su propio camino de desarrollo.