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Autorizan la demolición de la ex-Casa Torroba

El municipio capitalino autorizó la demolición de la vieja ex-Casa Torroba que se encuentra en Avelllaneda y Lagos en pleno centro santarroseño.  En el lugar se construirán salones comerciales previstos por un empresario local.

 

En el lugar se levantará una estructura que albergará locales comerciales que tendría similares características al que se construyó en la esquina de avenida San Martín y Rivadavia, donde durante años funcionó una estación de servicio.

A mediados del año pasado, la esquina fue adquirida por uno de los socios de la constructora IACO, el empresario René Ferrari. La venta fue posible luego de que el Concejo Deliberante derogara en septiembre pasado la ordenanza que declaraba de utilidad pública a ese inmueble para su posterior expropiación.

Tras varios años de abandono y de conformar un peligro para quienes se desplazan por allí, la céntrica esquina cambiará drásticamente su estética cuando se concreten los salones comerciales previstos por el empresario local, como ya lo ha hecho en otros puntos neurálgicos de la ciudad.

La esquina de Lagos y Avellaneda está abandonada y con peligro de derrumbe desde hace años. En el lugar el último emprendimiento comercial que funcionó fue el exsupermercado Goliat.

El inmueble había sido declarado de “utilidad pública y sujeto de expropiación” durante el año 2016, dado el estado de abandono y peligrosidad en que se encuentra. La ordenanza decía que el lugar se tenía que destinar a un museo y oficinas públicas y un estacionamiento hasta que comiencen las obras.

Pero durante el 2017, el intendente Leandro Altolaguirre envió al Concejo Deliberante un proyecto para que deje de ser un inmueble de “utilidad pública” el edificio de la ex-Casa Torroba. Esa fue la condición para que los dueños del edificio, la firma Famularo S.A., puedan vender la propiedad a uno de los socios de la constructora IACO Construcciones.

El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante en septiembre del año pasado. El empresario pidió mediante una nota la derogación de la ordenanza que lo declaró de “utilidad pública” y se comprometió a realizar en el predio la construcción de locales comerciales en un plazo de 18 meses a partir de la aprobación de los planos.

Trascendió que la operación inmobiliaria superó el millón y medio de dólares.

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