Por Juan Carlos Tierno - Abogado y ex ministro de Seguridad de La Pampa
Hacen hincapié en el tema narcotráfico, y al respecto debo aclarar que fui quien solicitó la creación no solo del Ministerio de Seguridad sino también de un área específica a nivel gubernamental para la prevención y persecución de narcotráfico. Para ello se apuntó a la participación de una persona de reconocida en la temática por su trayectoria, integridad, honestidad, valor y dignidad en gran parte de la sociedad pampeana, y en especial en gran parte de las filas de la fuerza policial, como lo es el comisario general ® Luis Correa.
En el trabajo fue integrado a nivel de la policía provincial y también, por primera vez en la historia de la provincia de La Pampa, a las fuerzas federales por intermedio de una respetuosa relación con el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el convencimiento que los posibles enfrentamientos por cuestiones políticas u otras con otros gobernantes, sería estéril para La Pampa y su población porque se perderían posibilidades de distinta naturaleza.
En ese entendimiento el trabajo fue integral, constituyéndose un Centro e Inteligencia en La Pampa, porque mi convicción estuvo y está en el hecho de que las relaciones con el comercio de la droga tienen ligazón con la actividad política. Esto significó potenciar y optimizar el sistema integrado con fuerzas policiales que no fueran exclusivamente las provinciales. En ese entendimiento el trabajo se desarrolló e informó desde el primer día del mes de gestión, con las estadísticas que habitualmente eran dadas a conocer a la población pampeana.
También nos enfocamos en la prevención del principal consumo a nivel de sustancia ilegal de la población de la niñez y adolescencia pampeana, tal como lo es el alcohol y que algunos desde el ambiente político, sumado a la Task Force de La Arena, se encargaron de menoscabar por diversas vías ante la sociedad pampeana.
Pero el trabajo, aún bajo esas circunstancias, fue productivo en términos de sus efectos, y la acción quedó manifestada al conocerse las estadísticas confeccionadas a nivel nacional (Observatorio Nacional de Drogas) que ubicaron a La Pampa como la provincia del país que más redujo la ingesta alcohólica en menores de edad, niños y adolescentes. Respecto al tema combate contra las drogas se fue informando a la sociedad y habida cuenta de la necesidad de optimizar el trabajo, se hicieron reuniones con jefes de las unidades especiales de Toxicomanía junto al ubicado como Jefe de la Policía de La Pampa y subjefe, en el sentido de que no se estaban realizando la cantidad de acciones (principalmente en los pueblos) para la detección e incautación de drogas y sustancias ilícitas.
En ese marco surgió una explicación desde el Comando de Jefatura, en el sentido que en los pueblos no se podían realizar tales procedimientos sino que solo se podían acotar a la acción de informar al área de la Unidad Regional correspondiente. Esto, siguiendo la línea explicativa, generaba la paralización –en caso de una incautación- de la acción concreta para proceder en consecuencia.
También se solicitó por nota a la Jefatura de que se le atribuyeran al comisario general Luis Correa, tres empleados policiales para sumarse y eficientizar la unidad de trabajo que tenía el funcionario a cargo, que realizaba un óptimo trabajo también en la prevención del consumo y reducción de riesgos en la nocturnidad.
Remitida la nota al Jefe de la Policía de La Pampa, en forma inmediata me llama el gobernador Carlos Alberto Verna negando totalmente el pedido de más integrantes aduciendo que Luis Correa no tenía nada que hacer en el tema a nivel operativo, a lo cual respondí que eso era creencia errónea de los funcionarios que calientan sillas en los despachos desconociendo lo que es el trabajo de campo, o de calle.
Allí quedó también evidenciado que este individuo, Roberto Ayala, quien se arrogaba ser el “operador político de Verna” (en algún momento debería aclarar si lo hacía per se o por orden del gobernador) limitaba e impedía el trabajo operativo desde el Ministerio de Seguridad con lo cual, a un mes de mi salida, fue señalado a Verna como que eso era una flagrante conducta de impedimento el trabajo de persecución de droga en el Ministerio.
También quedó evidenciado que las operaciones en contra de nuestra gestión se concretaban desde el riñón del gobierno provincial, en forma conjunta con el matutino La Arena, algo que les genera a los pampeanos un inmenso costo económico, algo así como 300 mil pesos por semana, tal como denuncié la semana pasada sin haber tenido ninguna respuesta al respecto. A esas operaciones se sumaron, sin duda, las del Jefe de la Policía de La Pampa, y la muestra quedó en evidencia porque en cada procedimiento antidroga la prensa (de La Arena exclusivamente) concurría casi al mismo instante en que se desarrollaba el operativo, violando así expresamente la decisión de la justicia y denotando una evidente minusvalía al trabajo integral policial y, del mismo modo, poniendo en peligro el éxito de operativos futuros.
Increíblemente la persona que había separada por orden mía, fue nombrado luego como asesor del gobernador. Otra evidencia de la corrupción y connivencia entre el poder político y mediático encabezado por La Arena, fue el del operativo antidroga denominado “Bobinas blancas”, con una importante incautación de droga en las ciudades de Mendoza y Bahía Blanca. La información de ese medio sostuvo que la droga había pasado por la provincia de La Pampa proveniente de Mendoza, falsedad que el medio le suma la presentación de una infografía con el supuesto recorrido de la sustancia ilegal, incluyendo puntos de puestos camineros y demás, casi más como si algún periodista del medio hubiera acompañado el pasaje ilegal por La Pampa.
Esa información resultó totalmente desmentida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien basado en la información judicial interviniente (Juzgado de la ciudad de Campana) confirmó la inexistencia de ese pasaje por La Pampa. Quedó en evidencia una nueva maniobra de estos depredadores del periodismo genuino, en virtud del enfrentamiento que tienen con quien suscribe, enfrentamiento que se remonta a mi gestión como intendente de Santa Rosa a partir de mi negativa a seguir promocionando económicamente al medio gráfico.
Otro capítulo que desnuda la connivencia de La Arena con sectores del gobierno provincial resultó ser el del anuncio de la instalación de la Escuela de Gendarmería Nacional en la ciudad de Santa Rosa, algo que significaría la llegada de 3.000 alumnos y la generación de 300 trabajos directos para La Pampa. Esto fue informado como que era un acto ministerial desconocido para el gobernador que, por esos días, se encontraba en gira comercial por Dubai.
La falsedad total quedó evidenciada cuando desde el ministerio de Seguridad se dio a conocer la correspondencia remitida 4 meses antes al gobernador Carlos Alberto Verna, anticipando la novedad y anunciando a su vez la llegada de una comitiva conjunta proveniente del Ministerio de Defensa y de Seguridad de la Nación, para la rápida puesta en funcionamiento de dicha estructura en la provincia.
Otra muestra inobjetable de este contubernio entre algunos funcionarios provinciales y La Arena quedó a la luz cuando el vicegobernador de la provincia, Mariano Fernández, informó al citado medio que este tema “no se había hablado en el gabinete”, contradiciendo la misiva remitida al señor gobernador con anterioridad. Por si fuera poco, tal declaración del vicegobernador fue “bajada” de la página oficial por orden del propio gobernador.
Queda claro que el enojo era que semejante logro para la provincia la sociedad pampeana lo atribuyera a una gestión del suscripto, merced a la respetuosa relación con el Ministerio de la Nación. Ahora, nuevamente de la mano del operador principal de La Arena, denunciado por violencia de género, el señor Leonardo Santesteban, se retoma la opereta mediante una editorial que ensalza la actual gestión ministerial en Seguridad en desmedro de la anterior.
Pero parte de esta acción ya tiene un mensaje clarificador, que se conoció apenas ejecutada mi salida. Y se dio cuando el propio gobernador le ofrece al comisario general Luis Correa, la continuidad en el cargo. Correa reitera allí un gesto que lo enalteció y enaltece como funcionario policial de carrera ejemplar, rechazando de plano tal ofrecimiento explicando que bajo la actual conducción policial resultaba imposible llevar adelante un trabajo óptimo y exitoso en la lucha contra el narcotráfico.
A tal cuestión se le suma otra que no debería haber ser soslayada por algún estamento judicial, ya que a las pocas horas de haber concluido mi gestión, se conoció un audio grabado por un alto jefe policial apellidado Fontán, arengando a la fuerza sobre la necesidad urgente de que los subalternos investiguen e incauten droga “´para que no se note la ausencia de Tierno y Correa”. Previo a eso, resultó obvio el accionar del gobernador en cuanto hacia donde direccionarían algunas acciones, al decidir que los procedimientos antidrogas en nuestro territorio fueran realizados en forma exclusiva por la Policía de La Pampa, dejando de lado la estrategia del trabajo conjunto con las fuerzas federales tal como se había avanzado tras arduas reuniones a nivel nacional.
Respecto al otro subsistente, el señor Agustín García, queda claro y lo manifiesto públicamente, que no mantiene ningún tipo de vinculación ni tampoco identidad con las acciones, conceptos y valores que sostuvieron mi trabajo en el ministerio. Por lo tanto, si tienen algún acomplejamiento los que están en el gobierno, allegados y aquellos que se llevan mucho dinero de los pampeanos en forma indebida, como por ejemplo La Arena S.A., debido a la trascendencia de las últimas encuestas donde se mantiene una importante valorización sobre mi persona y pasaje por la función, ante la inminencia del acto lectoral próximo, les manifiesto mi convencimiento de que el Pueblo ya no se maneja más por los consejos y acciones de estos operadores mediático-políticos, sino por la realidad, dedicación, trabajo y el convencimiento de que el que trabajo con honestidad, algo que el ambiente político tradicional habitualmente persigue, degrada y trata de eliminar.
Reitero lo que dije públicamente y que molestó a varios del gobierno provincial: antes de hablar de drogas ilícitas hay que conocer varios políticos qué lugar tienen respecto a las mismas, y de esa manera no revelar su identidad, sí su vinculación en el consumo, tráfico o eventualmente en relación con personas de sus cercanías y de su conchabo.
Lo dije hace años estando en el gobierno provincial, porque el Pueblo tiene que saber quién es quién y dónde está parado cada uno respecto al tema drogas. Para eso vale hacer un debate y, si es necesario, plantearlo en términos categóricos. Desde organismos provinciales no se puede estar promocionando el consumo de drogas tal como sucedió en el Medasur, donde se dieron cursos para plantar marihuana. Lo denuncié públicamente y ante el Juzgado Federal, lo informé a la sociedad y la situación no fue modificada, lo cual pone de manifiesto el posicionamiento que tiene cada uno frente al flagelo. Si el operador Leonardo Santesteban recrimina mi trabajo debe recordar también que cuando me sacaron le hicieron decir ese día, que toda la política de seguridad era del gobernador Carlos Verna, habría que corregirle al operador o bajarle la cuota-pauta, porque evidentemente se ha insubordinado al escribir las supuestas diferencias de gestión. Ojalá puedan seguir la senda e imitar, no sé si en valores pero sí en algunas acciones, nuestro trabajo, pero no vamos a permitir que sea degradado por individuos que moralmente no están en condiciones de erigirse como evaluadores de gestiones.
Señores: el Pueblo ya no se come amagues, mucho menos vidrio.
