La resolución del magistrado se dio después de que vencieron los plazos para que todos los imputados respondieran a la demanda civil por $22.500 millones que les hizo Vialidad Nacional al considerar el daño y perjuicio ocasionado por los fondos que fueron otorgados al Grupo Austral para obras que quedaron inconclusas.
En la causa también están acusados el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López, el primo del expresidente Carlos Kirchner y Báez.
La causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz es una de las más importantes que enfrenta Cristina por corrupción. La Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son el delito precedente que permitió “expandir la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero.
Al elevar la causa a juicio oral, el juez acusó a la expresidenta de ser la “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al favorecer a Báez. El empresario K recibió 52 contratos de obra pública vial por $46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas.
Junto con Cristina Kirchner hay otras veinte personas procesadas, acusadas de participar de una maniobra para "convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz", según detallaron los fiscales del caso.
La causa
En esta investigación Cristina fue procesada por asociación ilícita junto con Báez, De Vido y López, entre otros, por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión kirchnerista. En la causa se analizaron 52 contratos por $46 mil millones que habrían sido direccionados a cambio del pago de coimas que se investigan en otras causas por lavado de dinero.
La expresidenta está acusada de haber "conformado una asociación, que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz". Báez recibía obra pública a través de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA y de la "Sucesión Adelmo Biancalani".
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques indicaron que la actual senadora llevó adelante una "operatoria criminal para montar una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
La expresidenta además está procesada como jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces y es investigada por lavado de dinero en el caso Hotesur, por presunto cobro de coimas de parte de Báez y el empresario Cristóbal López a partir de alquileres de hoteles de esa sociedad familiar, a cambio de otorgarles beneficios de parte del Estado.
