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$22.500 millones. La demanda a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública

Presentada por Vialidad Nacional, incluye a otros ex funcionarios procesados. Es por daños y perjuicios en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de contratos para beneficiar a Lázaro Báez.
Vialidad Nacional presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por $ 22.500 millones, a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción".
El número es en concepto de las obras otorgadas al empresario K que nunca concluyó. El pedido se hizo ante el juez Julián Ercolini, quien aceptó al organismo que dirige Javier Iguacel como "actor civil" en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.
 
“Se reclama la cifra millonaria después de un análisis que realizó la UBA y por las obras inconclusas”, señalaron fuentes oficiales al diario Clarín.
 
Vialidad Nacional había denunciado el desvío de fondos a favor de Austral Construcciones y otras firmas del holding. Y ahora, como actores civiles, exigen el resarcimiento “por el daño causado por el accionar de los ex funcionarios y Báez desde 2005 a 2015”, reiteró Iguacel.
 
Así, con una extensión de 300 páginas, el organismo Vial que depende del Ministerio de Transporte presentó la primera parte de la demanda ante Ercolini por daños y perjuicios. Explican que es “por las obras que se financiaron con fondos públicos y nunca concluyeron generando pérdidas para el Estado”.
 
La exigencia del resarcimiento económico, algo que había anticipado Clarín, se realiza después de que el juez Ercolini los aceptó como "actor civil" en la causa donde se investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. En dicho contexto, se realizó la demanda como instancia previa para que la misma sea elevada a juicio oral y público.
 
En el expediente, Ercolini procesó en diciembre de 2016 a la ex Presidenta, De Vido, López, Carlos Kirchner, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado. El año pasado fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal porteña acelerando los tiempo para que la causa vaya a juicio.
 
Según describieron los fiscales de la causa Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes ya pidieron la elevación a juicio, se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con los cuales "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez".
 
Fueron 52 contratos por más de $ 46 mil millones, "plagados de irregularidades". A modo de resarcimiento, las nuevas autoridades de Vialidad Nacional reclaman 22.500 millones de pesos de los fondos que percibió Báez.
 
Este circuito de contrataciones “irregulares” permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera entre 2004 y 2015 un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes". Básicamente a través de alquileres de habitaciones de hoteles que no se usaban.
 
Del universo de contrataciones otorgadas a Báez, la actual gestión de Vialidad Nacional rescindió 24 contratos, todos ellos inconclusos “y que por años se incluyeron en el presupuesto nacional sin ningún tipo de avances y obras que no eran relevantes como la reparación de canteras, pero con costos millonarios”, explicaron desde el Gobierno.
 
Para determinar la suma del resarcimiento de la demanda que se sumó a la causa penal, se realizó un peritaje que se incorporó a la causa del que participó un organismo técnico, especializado y la UBA. Se tuvo en cuenta el dinero volcado a favor del Grupo Austral, las obras no concluidas, los años que se presupuestaron, daños ocasionados por el retraso en las mismas, y los costos administrativos, entre otros aspectos.
 
Ahora, el juez Ercolini les dará tres días a todos los acusados para que se notifiquen de la demanda realizada por Vialidad, y después la causa será elevada a juicio oral y público, indicaron fuentes de la investigación.

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