1 La fórmula que rige para la actualización de las llamadas prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones y asignaciones universales), que se aplica en marzo y septiembre de cada año, considera el 50% de la variación de la recaudación tributaria de Anses por beneficio y el 50% del cambio de los salarios (Ripte o Indec, el mayor). Es un mix de los aumentos de los recursos tributarios y los salarios en blanco. El aumento según los cálculos de consultoras privadas llegaría a un 15 % con el índice actual.
2 La nueva fórmula que se fija en el proyecto se aplicaría en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La misma se calcula con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal. Busca que los aumentos se relacionen con la inflación en lugar de la recaudación. El aumento con esta actualización para las prestaciones es del 5,7 %.
3 En junio del 2018 las prestaciones aumentarán nuevamente pero ese incremento se realizaría considerando la variación salarial de octubre a noviembre de 2017 y no de enero a marzo 2018, que es lo que correspondería según la fórmula actual. Por lo tanto, las actualizaciones tendrán siempre un trimestre de atraso con respecto al método vigente y no habrá un factor de empalme. Esto es una señal de alerta para el Gobierno porque dejaría la puerta abierta a futuros juicios contra Anses.
4 El cambio en la formula de ajuste no resuelve el principal problema que tiene el actual sistema de jubilación de reparto que es garantizar el 82 % móvil a todos los jubilados que cobran la mínima ya que la Anses no cuenta con los fondos para hacer frente a ese gasto.
5 El esquema actual contempla otorgar en marzo una 5.000 millones de pesos a unas 9 millones de personas con un bono que colocará el Estado en compensación por el desfasaje entre el 5,7 % de aumento que se otorgaría con el índice nuevo y el 15 % que debería ajustarse con la fórmula actual .
Si bien el Senado de la Nación modificó la propuesta original de la fórmula de actualización, el nuevo ajuste no evitará fallas técnicas y podría generar además juicios de los jubilados al Estado nacional en el futuro. "El punto con mayor controversia es, sin duda, el referido a la movilidad jubilatoria y quien conoce el sistema previsional argentino sabe que la llamada reforma previsional no es más que un conjunto de modificaciones al actual sistema", manifestó el Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino.
Con respecto al bono Semino dice: "Así y todo el bono es una conquista del reclamo popular. Si no fuera así, ni siquiera se hubiera dado. Esto es importante para darle fuerza a todo el mundo para seguir luchando y reclamando, sabiendo siempre que por lo que luchamos es por derechos, no por la concesión graciosa del príncipe". En ese sentido cuestionó la "nada casual discriminación que se hace entre el que hizo aportes y el que no, el que tiene tal o cual condición, porque es una forma de ir fracturando las posibilidades de reclamo y la conciencia de la necesidad de lo que sí tenemos que hacer, que es una reforma estructural de la seguridad social".
Las proyecciones del instituto de economía Ieral muestran que con el sistema actual en 2018 el aumento sería del 25,3%, mientras que con el esquema nuevo la suba sería del 21,2%. En ambos casos se estima que se superaría la inflación, pero en diferentes proporciones: sin cambios, el aumento real sería del 5,4%; con la reforma, del 1,9%. En tanto el economista de la consultora ABCEB Dante Sica manifestó que "la fórmula que se utiliza en el presente para actualizar las jubilaciones es extremadamente procíclica, lo que llevó a caída en términos reales de los haberes en años recesivos, como 2014 y 2016 y fuertes subas de las jubilaciones en los años de crecimiento económico; y el sistema previsional necesita lograr, en el mediano y largo plazo, mayor previsibilidad".
"La aprobación de esta reforma no resuelve el problema futuro de Argentina con respecto a un sistema previsional de reparto desfinanciado que solo tiene un stock de unos USS 60.000 millones acumulados en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses pero un 80% del mismo son títulos públicos del Estado y Lebacs emitidas por el Banco Central de la República Argentina", manifestó Semino.
Fuente; Infobae
